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El 9 de octubre, el presidente de la SEC, Paul Atkins, pronunció un discurso durante una cena en el que expuso su visión para revitalizar los mercados públicos estadounidenses con el fin de, en sus propias palabras, «devolver la grandeza a las OPI». Expresó su preocupación por el descenso del atractivo de los mercados públicos estadounidenses y señaló que el número de empresas que cotizan en bolsa ha descendido de 7800 en 2007 a aproximadamente 4700 en la actualidad. El presidente propuso una estrategia basada en tres pilares: simplificar los requisitos de divulgación de la SEC, despolitizar las juntas de accionistas y reformar los litigios sobre valores para frenar las demandas frívolas, al tiempo que se preservan los derechos de los accionistas. El discurso se centró en los dos últimos pilares.

Abordar las «propuestas precatorias» a través de la legislación estatal

El presidente identificó al culpable de la politización de las juntas de accionistas: las «propuestas precatorias». Las propuestas precatorias son propuestas de los accionistas no vinculantes que suelen centrarse en cuestiones sociales o medioambientales, que a menudo son irrelevantes para la actividad de la empresa, pero que consumen tiempo de la dirección e imponen costes a la empresa. El presidente señaló que, si bien la Norma 14a-8 de la Ley de Bolsa de Valores de 1934 permite las propuestas de los accionistas en la declaración de representación de una empresa, la propuesta debe ser un «tema adecuado» para la acción de los accionistas, una cuestión que se rige por la legislación estatal. Si la propuesta no es un «tema adecuado», la Norma 14a-8(i)(1) permite a la empresa excluirla de su declaración de representación.

Si la legislación estatal no reconoce el derecho de los accionistas a votar sobre propuestas precatorias —y los documentos constitutivos de la empresa no establecen dicho derecho—, la empresa puede solicitar la exclusión de la propuesta, con un dictamen jurídico que confirme que la propuesta no es un tema adecuado según la legislación estatal. El presidente indicó que tenía «mucha confianza» en que este argumento prevalecería. En la práctica, la capacidad de una empresa para eliminar las propuestas precatorias en virtud de la Norma 14a-8(i)(1) tendría un impacto significativo en las juntas de accionistas, ya que la mayoría de las propuestas de los accionistas actuales son de naturaleza precatoria.

Atención especial a Texas

El presidente también abordó los recientes acontecimientos en Texas. A partir del 1 de septiembre, Texas modificó el Código de Organizaciones Empresariales de Texas (TBOC) para permitir que las empresas de Texas exijan que un accionista posea al menos 1 millón de dólares en valor de mercado o el tres por ciento de las acciones con derecho a voto de la empresa, entre otros requisitos, para presentar una propuesta de accionistas. Código de Organizaciones Empresariales de Texas, § 21.373. Aunque estos umbrales son más altos que los establecidos en la Norma 14a-8, el presidente expresó su apoyo a la opinión de que las leyes estatales no deben ser sustituidas por la Norma 14a-8. El presidente Atkins sostiene que, si un accionista presenta una propuesta sin cumplir los requisitos mínimos de Texas, la propuesta puede ser excluida en virtud de la Norma 14a-8(i)(1). En última instancia, un tribunal determinará el alcance de las exclusiones de la Norma 14a-8 y si la ley federal prevalece sobre los nuevos requisitos mínimos introducidos por Texas.

Texas también podría ir más allá adoptando regulaciones que definan, a nivel estatal, qué constituye un «tema adecuado» para la acción de los accionistas, tal y como propone el presidente Atkins. Esta medida proporcionaría a los emisores de Texas motivos más claros para invocar la Norma 14a-8(i)(1) con el fin de excluir las propuestas que no se ajusten a dicha definición.

Reforma de los litigios sobre valores: énfasis en la opcionalidad

En cuanto a los litigios sobre valores, el presidente advirtió que el «coste» de ser una empresa cotizada en bolsa incluye con demasiada frecuencia la defensa de litigios frívolos destinados a recuperar los honorarios de los abogados con el pretexto de indemnizar a los accionistas. Se mostró abierto a reformas, como el arbitraje obligatorio y los estatutos de transferencia de honorarios, que podrían descartar las reclamaciones sin fundamento sin cerrar la puerta de los tribunales a las legítimas. Según él, el objetivo debería ser reducir los costes de los litigios y dotar a las empresas de opciones para resolver de la mejor manera posible las disputas con sus accionistas. El presidente lamentó que las recientes medidas de la legislatura de Delaware (como la prohibición de la transferencia de honorarios para las reclamaciones internas de las empresas) «sugieran que el estado no solo no está interesado en la reforma, sino que, por el contrario, parece aceptar los costes de los litigios que las demandas abusivas imponen a las empresas con franquicia en Delaware». Señaló que la negativa de Delaware a abordar estos problemas ha dado lugar a la actual tendencia de «DExit» en los últimos dos años, en la que las empresas han abandonado Delaware para trasladarse a estados como Texas o Nevada, que consideran que ofrecen mejores recursos para las empresas que buscan evitar litigios vejatorios.

Recomendaciones para equipos directivos

Las empresas deben calibrar ahora su postura en materia de gobernanza, representación y litigios, antes de que se aprueben nuevas normas.

• Evaluar si se deben hacer valer los argumentos de «objeto adecuado» de la legislación estatal para excluir las propuestas precatorias en virtud de la Norma 14a-8(i)(1) y, en caso afirmativo, cómo hacerlo.
• Revisar los marcos estatutarios y reglamentarios para identificar oportunidades de implementar umbrales para la presentación de propuestas y otros requisitos procedimentales con el fin de reorientar las juntas de accionistas hacia asuntos corporativos relevantes.
• Para las entidades constituidas en Texas o que hayan optado por Texas, considere la posibilidad de adoptar los umbrales de presentación más elevados para las propuestas de los accionistas.

• Reevaluar las disposiciones sobre resolución de disputas y selección de foros para determinar qué estado ofrece el entorno más rentable para resolver asuntos corporativos internos.