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Las recientes declaraciones de Jay Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), siguen haciendo hincapié en la prioridad que Clayton otorga a la responsabilidad individual: un mal actor no debe arruinar a una empresa que, por lo demás, es buena.

Durante su intervención en el Foro sobre la Aplicación de la Legislación sobre Valores, celebrado el 5 de febrero de 2026, Clayton indicó que su oficina podría negarse a procesar a las empresas que cooperen de forma plena y proactiva con las investigaciones de la SDNY. El objetivo es ofrecer mayores incentivos a las empresas que cooperen en las investigaciones penales, ofreciéndoles beneficios más claros e inmediatos, como acuerdos iniciales y condicionales en los que los fiscales se comprometen a no procesar a las empresas. Clayton subrayó su plan de ofrecer rápidamente acuerdos de no enjuiciamiento (NPA), que son contratos en los que un fiscal se compromete a no presentar cargos penales a cambio de la cooperación y el cumplimiento de condiciones específicas. Si bien los NPA siempre han sido una herramienta disponible, la estrategia de ofrecerlos antes con una cooperación continua es más novedosa.

Como presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Clayton se centró en la responsabilidad individual. En ese cargo, destacó en repetidas ocasiones que la protección de los inversores y la integridad del mercado exigían responsabilizar a determinados actores por sus irregularidades. Bajo su liderazgo, la SEC combinó a menudo acuerdos corporativos con acusaciones específicas contra directivos, consejeros o guardianes. Por ejemplo, en los ejercicios fiscales 2017 y 2018, la División de Ejecución de la SEC informó de que había presentado cargos contra personas físicas en el 73 % y el 72 % de los casos presentados, respectivamente.

Las declaraciones de la semana pasada demuestran que el enfoque sigue siendo el mismo. Al incentivar a las empresas asociadas para que ayuden a identificar y preparar casos contra ejecutivos, gerentes o empleados culpables, Clayton se hace eco de su creencia de larga data de que la culpa debe ser personal y que la disuasión más eficaz se logra cuando las personas responsables —y no solo las entidades corporativas abstractas— se enfrentan a las consecuencias.

Para los asesores jurídicos, ejecutivos y responsables de cumplimiento normativo de las empresas, las lecciones son las mismas en ambos contextos de aplicación de la ley. Cuando se enfrenta a un escrutinio, la respuesta de una organización puede influir profundamente en los resultados. La investigación interna rápida, la documentación clara, la cooperación exhaustiva y la disposición a ayudar a identificar a los infractores individuales deben integrarse en los protocolos de respuesta a incidentes. Al hacerlo, las empresas no solo se alinean con las prioridades actuales de aplicación de la ley, sino que también protegen sus intereses institucionales más amplios y ahora pueden beneficiarse de incentivos de cooperación claramente definidos en el SDNY.

Puntos clave para empresas y asesores jurídicos

• La cooperación proactiva es importante: la rápida notificación voluntaria y la asistencia significativa y temprana a los fiscales pueden posicionar a una empresa para evitar ser procesada.
• Fortalecer los protocolos de respuesta ante incidentes: desarrollar procesos para una investigación rápida, transparencia y cooperación con las autoridades.
• Invertir en una cultura de cumplimiento: un tono firme por parte de la alta dirección y unos canales de denuncia internos claros pueden ayudar a detectar problemas de forma temprana y demostrar buena fe ante los fiscales y los reguladores.