Alejandro Gómez-Strozzi analiza el aumento del riesgo de medidas coercitivas en EE. UU. para las empresas mexicanas
Alejandro Gómez-Strozzi, socio de 鶹ý & Lardner LLP, analizó en su artículo publicado en El Universal,ioso», cómo la ampliación del alcance de las sanciones del Gobierno de Estados Unidos y su régimen de aplicación extraterritorial han creado un entorno normativo más estricto para las empresas mexicanas que dependen del comercio internacional.
Gómez-Strozzi analiza cómo la designación por parte de Estados Unidos de determinados grupos criminales con sede en é澱 como «Organizaciones Terroristas Extranjeras» (FTO) y «Terroristas Globales Especialmente Designados» (SDGT) está aumentando los riesgos legales y de cumplimiento normativo para las empresas que operan en é澱. Destaca cómo los amplios criterios de responsabilidad, incluidas las conexiones de «nexo», están exponiendo a las empresas a un mayor escrutinio a lo largo de cadenas de suministro complejas y redefiniendo las expectativas en materia de diligencia debida en las operaciones transfronterizas.
«é澱 se enfrenta ahora a un dilema silencioso: mantener la integración económica con Estados Unidos implica, inevitablemente, asumir los riesgos normativos que acompañan a esa relación», escribe. «Ignorar esos riesgos no los elimina; simplemente los traslada al punto más vulnerable del sistema, y ese punto, cada vez con mayor frecuencia, es la empresa que no sabe que está expuesta».
Gómez-Strozzi explica que el riesgo ya no se limita a las contrapartes directas, ya que las cadenas de suministro complejas y de múltiples niveles pueden exponer a las empresas a través de vínculos financieros, logísticos o comerciales indirectos. Señala que este panorama en constante evolución está haciendo que los enfoques tradicionales de cumplimiento normativo resulten insuficientes y está aumentando las expectativas de contar con una mayor visibilidad de las redes empresariales y las relaciones operativas.
«Hoy en día, el coste de hacer negocios con Estados Unidos ya no se mide únicamente en términos de aranceles u obligaciones contractuales, sino en la capacidad de una empresa para demostrar que no existe ninguna relación directa o indirecta con grupos terroristas extranjeros designados, así como para comprender la compleja red de competencias legales y normativas de que dispone el Gobierno de Estados Unidos para generar una exposición inmediata al riesgo para cualquier empresa que mantenga vínculos comerciales operativos con Estados Unidos», concluye Gómez-Strozzi.
(Se requiere suscripción)
