La gran y hermosa ley y la aplicación de la ley de inmigración en el lugar de trabajo

La», promulgada por el presidente Trump el 4 de julio de 2025, financiará los esfuerzos del Gobierno para seguir aplicando enérgicamente las leyes de inmigración. Las empresas de los sectores manufacturero, sanitario, hotelero, de la construcción y agrícola deben tomar nota de los importantes nuevos gastos asignados a la aplicación de las leyes de inmigración y deben adoptar medidas específicas ahora para evaluar y abordar su mayor exposición legal.��

Asignaciones de gastos relacionados con la inmigración

Las asignaciones presupuestarias de la legislación están directamente en línea con la prioridad de la Administración Trump en materia de control de la inmigración. En un del 19 de mayo de 2025, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes estimó que el proyecto de ley financiaría «al menos un millón de expulsiones anuales, 10 000 nuevos efectivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y capacidad de detención suficiente para mantener una población media diaria de 100 000 extranjeros». Concretamente, el proyecto de ley asigna 170 000 millones de dólares a la aplicación de la ley de inmigración, lo que incluye más de 75 000 millones de dólares destinados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y más de 46 000 millones de dólares al Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB), que ha de trabajadores no autorizados.��

Impacto en las grandes empresas

Es probable que este aumento en las asignaciones presupuestarias relacionadas con la inmigración tenga un impacto directo en determinadas empresas y en su responsabilidad legal. El mes pasado, el zar fronterizo Tom Homan que «las operaciones de control en los lugares de trabajo se van a ampliar de forma masiva». Las asignaciones presupuestarias del proyecto de ley respaldan con dinero real su promesa. En una entrevista con la CBS tras la firma del proyecto de ley, Homan dijo que estaba «satisfecho con las cifras» y describió el proyecto de ley como un «punto de inflexión», dada la financiación que facilita la capacidad del ICE para aumentar la aplicación de la ley.��

Las empresas deben esperar notificaciones más frecuentes y agresivas de inspecciones y auditorías del formulario I-9 debido al aumento de personal y de la infraestructura de auditoría. Como resultado de estas auditorías, las empresas pueden ser investigadas y procesadas penalmente por el uso de documentación fraudulenta, por contratar a sabiendas a empleados no autorizados y por otros delitos federales, además de la imposición de posibles sanciones civiles. Además, una empresa puede ser excluida de los contratos federales si se descubre que ha contratado a sabiendas a trabajadores no autorizados. Los empleadores tampoco pueden protegerse de la responsabilidad trabajando a través de terceros o agencias de trabajo temporal.��

Aunque E-Verify es obligatorio para determinadas empresas, incluidos todos los contratistas federales, algunos legisladores han presionado para que se amplíen los requisitos de uso del sistema electrónico de verificación de la elegibilidad para el empleo. El , por lo que los empleadores que lo utilizan podrían sufrir mayores retrasos en la contratación, falsos positivos o despidos injustificados debido a errores o discrepancias del sistema. No es una garantía de «no enjuiciamiento», aunque el sistema E-Verify sea un sistema gestionado por el gobierno.��

Por último, si el Departamento de Justicia ejecuta una orden de registro penal en las instalaciones de una empresa, puede resultar muy difícil encontrar empleados sustitutos cualificados y autorizados para llevar a cabo la actividad empresarial. Aparte de la aplicación directa de la ley, los empleadores que (a sabiendas o no) hayan contratado a muchos trabajadores no autorizados pueden verse obligados a realizar despidos masivos, lo que provocaría una importante ralentización de la producción. Los empleadores también pueden esperar una reducción en la oferta de trabajadores, especialmente en sectores clave como la agricultura y la construcción, lo que puede obligarles a desarrollar incentivos adicionales para la contratación y a pagar salarios más altos.��

Abordar los riesgos

Para hacer frente a estos riesgos, las empresas deberían considerar la posibilidad de contratar equipos jurídicos y de recursos humanos más especializados para abordar las cuestiones, notoriamente complicadas, relacionadas con la inmigración y los permisos de trabajo. Se deben redactar políticas y procedimientos relativos a los procesos del formulario I-9 de la empresa, y los empleados que participan en el proceso de contratación deben recibir una formación adecuada sobre dichas políticas y procedimientos.��

Además, dado el mayor riesgo de recibir una notificación de inspección y visitas al lugar de trabajo, sería prudente que los empleadores realizaran auditorías internas más frecuentes de la documentación del formulario I-9. Los empleadores deberían considerar la posibilidad de adoptar o actualizar su sistema electrónico del formulario I-9 para poder realizar un mejor seguimiento de la documentación y presentar los documentos a tiempo en respuesta a una citación o notificación de inspección. Las empresas también deberían implementar sistemas de seguimiento electrónico para llevar un control de las autorizaciones de trabajo que están a punto de caducar.��

Lo más importante es que las empresas implementen una política y un procedimiento claros para responder a las redadas de control migratorio similares a las recientes redadas , y , con el fin de limitar el impacto de dichas redadas en su fuerza laboral y producción. Las empresas vulnerables de los sectores manufacturero, sanitario, hotelero, de la construcción y agrícola, ubicadas en jurisdicciones consideradas «ciudades santuario», como Los Ángeles, San Francisco, Nueva York y Miami, deben tomar medidas inmediatas.

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